En una misma semana Donald Trump insinuó que Washington podría revisar su posición sobre Malvinas, Javier Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas para encarecer la explotación petrolera en las islas, José Antonio Kast pasó revista a la flota chilena en el Estrecho de Magallanes y la corporación de desarrollo isleña cerró con el municipio de Punta Arenas una ruta comercial marítima hacia Puerto Argentino. La prensa trató esos cuatro hechos como cuatro noticias separadas y no lo son.
El teatro
Al sur del paralelo 50 la Argentina juega su posición en un espacio continuo que va del Estrecho de Magallanes a la península antártica, pasando por las islas del Atlántico Sur. Ese espacio tiene tres capas superpuestas. La primera es de soberanía territorial y ahí hay una sola disputa abierta, la que sostenemos con el Reino Unido por Malvinas, Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur. La segunda es de espacios marítimos, donde se define quién tiene derechos sobre el lecho y el subsuelo más allá de las doscientas millas, es decir la plataforma continental extendida. La tercera es logística, y es la que decide en la práctica quién puede operar, abastecerse y proyectarse hacia el continente blanco.
Un lector que llega por primera vez al tema suele encontrarse con las dos primeras capas y casi nunca con la tercera. Sin embargo, en el extremo austral la logística no acompaña a la soberanía. La antecede. Quien tiene el puerto, el muelle, el rompehielos y la ruta de abastecimiento termina fijando los hechos que después el derecho reconoce.
Los tres frentes
El primero es el frente chileno de plataforma continental. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 trazó el límite marítimo austral vértice por vértice, del Punto A al Punto F, y nada dijo sobre lo que ocurre más allá. En agosto de 2021 Chile firmó el Decreto Supremo 95, que proyecta plataforma continental desde las islas Diego Ramírez al este del meridiano 67°16′ oeste y alcanza una medialuna de 5.302 kilómetros cuadrados. Esa superficie forma parte del límite exterior que la Argentina construyó sobre las recomendaciones que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental adoptó en 2016 y que el Congreso demarcó por Ley 27.557 en 2020. Es el único frente austral donde tenemos un título formal y perdemos superficie concreta.
El segundo es Malvinas. La disputa arrastra ciento noventa y tres años y una guerra, y desde la Resolución 2065 de 1965 Naciones Unidas viene pidiendo negociaciones de soberanía que Londres, después de 1982, se niega a retomar. Lo nuevo es el petróleo. El proyecto Sea Lion, que operan la israelí Navitas Petroleum con el 65 por ciento y la británica Rockhopper con el resto, tomó decisión final de inversión el 10 de diciembre de 2025. La plataforma llegaría a comienzos de 2027 y el primer petróleo está anunciado para 2028.
El tercero es la puerta antártica. Las reclamaciones argentina, chilena y británica se superponen y están congeladas por el Tratado Antártico, de modo que la competencia real se juega en infraestructura. Punta Arenas concentra más de veinte programas antárticos y, según cifras chilenas, alrededor del 90 por ciento de las misiones científicas sudamericanas, estrenó en 2025 el rompehielos Almirante Viel, de 210 millones de dólares, y comprometió en enero otros 42 millones para un centro antártico internacional cuya licitación se abrió este año. La Base Naval Integrada de Ushuaia, anunciada en abril de 2024, llevaba en abril de 2025 un avance físico del 9,13 por ciento.
La tesis de geopolitica.ar
Nuestra posición austral no se está perdiendo por desafíos frontales. Se está perdiendo por erosión del perímetro, que es el conjunto de instrumentos administrativos, logísticos y cartográficos con los que la Argentina encareció durante quince años la presencia ajena en el Atlántico Sur. El Decreto 256 de 2010, que exige autorización previa a todo buque que transite entre puertos argentinos y las islas o que atraviese nuestras aguas jurisdiccionales rumbo a ellas. La declaración del Mercosur de 2011, que les cerró los puertos del bloque a los barcos con bandera isleña. Las leyes 26.659 y 26.915, cuyo régimen sancionatorio permitió inhabilitar a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. Ese perímetro funcionó. Ninguna gran operadora internacional trabaja hoy en la cuenca malvinense, y quien explota Sea Lion es una compañía de tamaño medio, no una de las grandes.
El perímetro se erosiona porque del otro lado hay calendario y de este lado hay ciclo de anuncios. Esa es la segunda mitad de la tesis y la que explica el ritmo. Chile dictó su decreto de plataforma cinco semanas después de que la Argentina publicara la directiva de defensa de 2021, lo volcó a la carta náutica del SHOA y lo defendió después con cartografía nueva. Botó su rompehielos y lo mandó a la Antártida. La operadora de Sea Lion ejerció en agosto la opción de compra de su buque por 125 millones de dólares. El primer barco a Puerto Argentino zarpa en noviembre. Cada uno de esos actos tiene fecha, presupuesto y responsable. Del lado argentino, en cambio la Base Naval de Ushuaia sigue en el 9,13 por ciento de avance que registraba en abril de 2025, aquella directiva de 2021 que Chile viene pidiendo que derogemos sigue sin reemplazarse y las medidas contra Sea Lion se anunciaron el 3 de septiembre para recién ahora ser enviadas al Congreso.
Los dos movimientos se juntan en un solo hecho, y por eso el acuerdo de Punta Arenas es el emblema de todo esto. Una ruta comercial con cabecera en Punta Arenas hacia Puerto Argentino rompe el cerco que la Argentina construyó sobre Malvinas y lo hace usando la posición magallánica, que es el otro frente. Acorta el trayecto de abastecimiento de los dos mil kilómetros que hoy demanda la vía de Montevideo a poco más de mil, mueve alimentos, materiales de construcción y gas licuado por unos veinte millones de dólares anuales, y le da a las islas un proveedor continental estable que hasta ahora no tenían. Tres frentes que discutimos por separado y una sola operación que los atraviesa.
El cerco se rompe en noviembre
Conviene entender por qué ese cerco importaba tanto, porque nunca fue un gesto simbólico. Malvinas es un enclave de tres mil seiscientos habitantes civiles, sin contar la guarnición de Monte Agradable, situado a unos quinientos kilómetros de la costa argentina, con una economía que depende en cerca del 60 por ciento de la pesca y con casi todo lo que consume llegando por mar desde Montevideo. Mientras esa ecuación se mantuvo, sostener el archipiélago le costó a Londres cuatro décadas de guarnición permanente, de subsidio y de aislamiento diplomático en toda la región.
En noviembre zarpa el primer buque desde Punta Arenas y esa ecuación se rompe. El archipiélago pasa a tener detrás un continente que lo abastece a mil kilómetros y a precio de vecino. A comienzos de 2027 llega la plataforma de Sea Lion y, con el capital ya hundido en el lecho marino, se desploma nuestra capacidad de volver caro ese proyecto. En 2028, cuando salga el primer barril, las islas sumarán a la autonomía logística la autonomía fiscal. Ahí está el verdadero peligro para la causa argentina, y no en lo que Trump haya insinuado en una entrevista. Un enclave subsidiado y aislado es una anomalía que el mundo entiende que en algún momento hay que resolver. Un territorio autosuficiente, abastecido por sus vecinos y financiado por su propio petróleo, deja de ser un problema pendiente y pasa a ser un hecho consumado que a Londres ya no le cuesta nada, y nadie se sienta a negociar lo que no le cuesta nada. Mientras tanto, cada carta náutica chilena que no contestamos consolida la lectura de que al sur del Punto F tampoco tenemos nada que decir.
El orden de las tareas se desprende de ese calendario. Lo urgente es el perímetro antes que la declaración, porque lo primero que vence es una ruta marítima y no un principio jurídico. El reclamo por la ruta chilena tiene que llegar a Santiago y al Mercosur ahora, mientras el primer buque todavía no zarpó. El régimen de sanciones tiene que alcanzar a los contratistas, las aseguradoras y las sociedades de clasificación que le prestan servicio a Sea Lion antes de que la plataforma esté puesta.