Una entrevista reciente del MapScaping Podcast con el urbanista e ingeniero geoespacial Nissim Lebovits parte de un hallazgo extraordinariamente inquietante para la Argentina. Utilizando bases abiertas de huellas de edificaciones obtenidas mediante imágenes satelitales y herramientas de análisis geoespacial, Lebovits estima que podría existir una población del orden de tres millones de personas adicionales en los barrios populares registrados oficialmente que no aparece adecuadamente representada en los datos estatales utilizados para describir esos territorios.
El episodio fue publicado con un título deliberadamente provocador: «3 Million people are miscounted in Argentina, here's how». La entrevista corresponde a una conversación sobre tecnología geoespacial cloud native, datos abiertos y las investigaciones que Lebovits realizó durante su estadía en Argentina como becario Fulbright.
La cifra merece atención. Pero todavía más importante es comprender qué significa y qué no significa.
No se trata, al menos por ahora, de una demostración estadística definitiva de que la Argentina tenga tres millones de habitantes más que los informados oficialmente. Lo que existe es una discrepancia masiva y técnicamente fundada entre diferentes formas de observar el territorio. Y allí comienza el verdadero problema geopolítico.
El descubrimiento
Lebovits trabajó inicialmente sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), la principal infraestructura estatal destinada a identificar y caracterizar los asentamientos informales argentinos.
Actualmente el propio Estado informa 6.467 barrios populares registrados. El RENABAP reúne información territorial, habitacional y poblacional destinada, entre otras funciones, a planificación urbana, regularización dominial, servicios públicos e integración sociourbana.
La legislación argentina establece además que el registro comprende los terrenos, construcciones y personas que habitan esos barrios. Para incorporarse deben cumplirse determinadas condiciones de precariedad dominial y acceso insuficiente a servicios esenciales.
Lebovits hizo algo conceptualmente sencillo pero tecnológicamente potente. Tomó los polígonos geográficos oficiales del RENABAP y los superpuso con bases internacionales abiertas capaces de identificar desde imágenes aéreas y satelitales las huellas físicas de los edificios existentes dentro de esos polígonos. Después comparó dos magnitudes: 1) cuántas familias decía el Estado que vivían allí y 2) cuántas construcciones podían observarse físicamente.
El resultado fue difícil de ignorar. Según el proyecto Barrios Visibles, el RENABAP registra aproximadamente 1,24 millones de familias y alrededor de 4,15 millones de habitantes, mientras que la estimación realizada a partir de las construcciones detectadas elevaría la población potencial aproximadamente hasta 7,59 millones, dependiendo de los supuestos utilizados sobre ocupación y tamaño de los hogares.
La diferencia ronda los tres millones de personas. Pero ese fue solamente el primer hallazgo.
Del RENABAP al Censo 2022
Lebovits se preguntó posteriormente si el problema pertenecía exclusivamente al RENABAP o si podía encontrarse también en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.
La distinción es crucial. El Censo 2022 estableció una población definitiva de 45.892.285 habitantes. Esa es la cifra oficial vigente. Para poner a prueba sus resultados, Lebovits combinó los radios censales de INDEC con los límites geográficos de los asentamientos del RENABAP y volvió a compararlos con las edificaciones detectadas.
Su primera estimación producía diferencias exageradamente altas en determinadas provincias. El propio investigador reconoce el problema metodológico: cuando un pequeño asentamiento densamente poblado ocupa solamente una fracción de un radio censal muy grande, distribuir uniformemente la población por superficie puede producir artificialmente una aparente subestimación. Por eso fue endureciendo sucesivamente el criterio.
Cuando analiza solamente radios censales prácticamente coincidentes con los barrios populares —donde ese problema espacial disminuye considerablemente— la diferencia deja de caer y se estabiliza.
En radios cubiertos en más del 90% por un barrio popular, obtiene aproximadamente 1,98 habitantes esperados por cada habitante representado en el cálculo censal. Al exigir una coincidencia territorial superior al 95%, la relación continúa siendo de aproximadamente 1,88 a 1.
Su conclusión es contundente, aunque debe entenderse como una hipótesis empírica pendiente de validación institucional: el Censo 2022 podría haber registrado aproximadamente la mitad de la población realmente residente en una parte sustancial de los asentamientos informales estudiados.
Lebovits obtiene además relaciones de entre 1,7 y 2,1 veces al modificar los supuestos sobre personas por vivienda.
Eso es lo que explica el título de la entrevista.
El INDEC ya reconoce que ningún censo cuenta a todos
Existe un elemento importante para interpretar correctamente la investigación. El propio INDEC explica en la documentación metodológica del Censo 2022 que todo censo contiene algún nivel de omisión. Entre las causas explícitamente reconocidas enumera zonas que no fueron territorialmente cubiertas, viviendas ocupadas en las que no se encontró a los moradores y hogares que subdeclararon integrantes. Además, el organismo informó que la cobertura territorial del operativo de 2022 alcanzó el 98,6% de los segmentos censales.
Que exista omisión censal, por lo tanto, no constituye en sí mismo un descubrimiento.
La cuestión planteada por Lebovits es diferente: ¿está esa omisión extraordinariamente concentrada en los barrios populares y es mucho mayor de lo que hasta ahora suponíamos?
Si la respuesta fuese afirmativa, el problema adquiriría otra dimensión. Porque no estaríamos solamente ante un error estadístico promedio sino ante un sesgo territorial sistemático.
El territorio que existe y el territorio que ve el Estado
Aquí la cuestión deja de ser exclusivamente demográfica. Desde una perspectiva geopolítica clásica, una de las capacidades elementales de cualquier Estado es conocer la población, los recursos y la ocupación efectiva de su territorio.
Cartografiar no es simplemente representar, es gobernar.
Un Estado necesita saber quién vive dónde, en qué condiciones, utilizando qué infraestructura, sometido a qué riesgos y conectado mediante qué redes.
La estadística nacional nació históricamente ligada precisamente a esa función estatal. La Ley 17.622 encomienda al INDEC la dirección superior de las estadísticas oficiales y la articulación de los organismos estadísticos nacionales, provinciales y municipales dentro del Sistema Estadístico Nacional.
Por eso una población deficientemente registrada genera consecuencias que exceden ampliamente cualquier discusión administrativa. Afecta la estimación de necesidades de agua, cloacas, electricidad, transporte, escuelas y hospitales. Distorsiona la planificación de viviendas. Deforma denominadores utilizados en la planificación y ejecución de políticas públicas y confección de estadísticas sociales. Reduce la precisión de las estimaciones de riesgo climático. Complica los planes de contingencia. Dificulta conocer el crecimiento de las periferias urbanas. Finalmente termina afectando las propias políticas que deberían modificar esas condiciones.
El problema puede expresarse en una fórmula sencilla: lo que el Estado no mide correctamente termina gobernándolo deficientemente.
Tres millones estadísticos equivalen a un país
La escala de la hipótesis merece dimensión. Tres millones de personas equivalen aproximadamente al orden de magnitud de toda la población de una provincia argentina grande o de un Estado pequeño. No están físicamente desaparecidas. Trabajan, consumen energía, generan residuos, utilizan transporte, demandan educación y salud, establecen relaciones económicas y ocupan territorio.
¿Con qué precisión aparecen representadas en el sistema mediante el cual el Estado piensa el territorio?
Esa diferencia entre territorio real y territorio estadístico constituye un problema de capacidad estatal.
El RENABAP reconoce oficialmente que la actualización de esos territorios requiere relevamientos presenciales, revisión digital y georreferenciación permanente. Entre sus propias tareas enumera corregir dimensiones de manzanas y terrenos, delimitar edificaciones, identificar viviendas, pasillos y usos comunitarios y vincular físicamente familias y construcciones.
Es decir, el propio diseño institucional admite que se trata de un territorio dinámico y extremadamente difícil de representar mediante instrumentos convencionales.
Una paradoja estratégica: extranjeros pueden observar mejor algunas partes de Argentina que el propio Estado
Existe además una segunda lectura de la entrevista que resulta particularmente relevante para Geopolítica.ar.
Lebovits consiguió realizar buena parte del análisis desde una computadora utilizando bases globales abiertas, formatos como GeoParquet, procesamiento con DuckDB, sistemas GIS y conjuntos de huellas de edificios producidos a partir de observación remota.
La infraestructura censal argentina que él reorganizó se encuentra incluso publicada actualmente en Source Cooperative con información correspondiente a los censos de 1991, 2001, 2010 y 2022.
También desarrolló un complemento abierto para QGIS que permite consultar datos censales argentinos directamente desde la nube.
La lección no debería ser que la Argentina debe reemplazar al INDEC mediante Google, Microsoft, satélites extranjeros u organizaciones privadas. Sería exactamente la conclusión equivocada.
La verdadera conclusión es que el Estado argentino debería poseer una capacidad superior a cualquiera de ellas para integrar estadística, observación terrestre, cartografía, catastros, registros administrativos y análisis geoespacial de su propio territorio.
La disponibilidad de información global produce una transformación silenciosa del poder. Hoy actores privados, universidades, empresas extranjeras, organizaciones internacionales e incluso individuos técnicamente capacitados pueden analizar partes del territorio argentino con resoluciones que anteriormente solamente estaban al alcance de grandes organismos estatales.
Si terceros pueden detectar antes que el Estado cambios demográficos, infraestructura, expansión urbana, producción económica o transformaciones territoriales dentro de la Argentina, existe una asimetría de inteligencia territorial.
Y la información geográfica nunca es neutral desde el punto de vista del poder.
Una precaución indispensable
El trabajo de Lebovits no debería convertirse todavía en el titular simplificador de que «Argentina tiene tres millones de habitantes ocultos». La estimación de habitantes a partir de edificaciones contiene supuestos. Una huella edilicia no equivale automáticamente a una vivienda. Una vivienda no equivale necesariamente a un hogar. Y el número de integrantes de cada hogar debe estimarse.
El propio proyecto permite modificar las hipótesis sobre ocupación y utiliza como referencias tanto el promedio nacional del INDEC de 2,8 personas por hogar como una cifra mayor derivada de relevamientos del RENABAP.
Además, el análisis de radios censales exige operaciones estadísticas para estimar dónde se encuentra espacialmente la población dentro de cada radio.
Lebovits reconoce expresamente esas restricciones, identifica la distorsión que producían en sus primeros cálculos y modifica el procedimiento para reducirla. Esa transparencia metodológica fortalece su planteo, pero no transforma el resultado en una nueva cifra oficial de población.
La afirmación correcta es más precisa y, paradójicamente, más importante:
Existe evidencia geoespacial independiente suficientemente fuerte como para justificar una auditoría específica de la cobertura del Censo 2022 y del RENABAP en los barrios populares argentinos.
La Argentina debería comprobarlo
Eso significa reproducir el análisis utilizando los datos originales, incorporar imágenes nacionales, realizar muestras territoriales independientes y contrastarlas con RENAPER, catastros, servicios eléctricos, escolaridad y otros registros administrativos, preservando siempre el secreto estadístico.
Si el trabajo estuviera equivocado, Argentina obtendría una validación adicional de sus estadísticas.
Si estuviera parcialmente acertado, permitiría corregirlas. Y si la magnitud se aproximara realmente a la planteada, estaríamos ante uno de los problemas estadístico-territoriales más importantes descubiertos en el país durante los últimos años.
Cualquiera de los tres resultados sería preferible a ignorar la pregunta.
Estadística, territorio y soberanía
La entrevista con Lebovits termina revelando algo mayor que una anomalía censal.
En el siglo XXI, soberanía territorial también significa soberanía informacional. No alcanza con que un territorio figure dentro de las fronteras de un mapa político. Debe ser observado, medido, conectado y comprendido por el Estado en el ejercicio de su legítima jurisdicción.
Argentina posee casi 46 millones de habitantes contabilizados oficialmente, una enorme extensión continental y marítima, regiones fronterizas, grandes periferias metropolitanas y profundas asimetrías territoriales. Administrar semejante espacio exige una infraestructura de conocimiento proporcional a esa complejidad.
El hallazgo de Barrios Visibles debería entonces utilizarse como advertencia y oportunidad. La cuestión de fondo no es si un investigador extranjero logró encontrar una inconsistencia utilizando una computadora portátil. La pregunta verdaderamente incómoda es ¿por qué el sistema nacional de inteligencia territorial no la había detectado primero?
Conocer el territorio constituye una forma elemental de poder. La Argentina que viene enfrentará la enorme tarea de recuperar capacidad estratégica por lo que deberá comenzar por saber con la mayor precisión posible quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos.