El domingo 1 de agosto de 2026, Juan Carlos de Pablo publicó en La Nación una columna titulada «La disciplina económica poco desarrollada de la que no se habla (y que es muy importante)»1. La disciplina en cuestión es la geografía económica, y el texto acierta al advertir que la localización de las actividades productivas ha sido relegada por buena parte del análisis económico. De Pablo no escribió un artículo expositivo sino una de sus conversaciones imaginarias, género que suele practicar. Entrevista allí a Anita Arrow Summers, economista norteamericana nacida en 1925 que dirigió el departamento de economía urbana del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia y fundó, en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, el primer departamento de políticas públicas dentro de una escuela de negocios2. Las respuestas atribuidas a «doña Anita» son, en rigor, posiciones del propio De Pablo, y como tales las discutimos aquí.
¿Qué estudia la geografía económica?
La geografía económica estudia cómo se distribuyen y relacionan en el territorio la población, los recursos naturales, las actividades productivas, las infraestructuras, los mercados y las redes de transporte. Su objeto no es sólo describir dónde se produce o circula la riqueza, sino explicar cómo la organización espacial de la economía condiciona el desarrollo, las desigualdades territoriales y la capacidad de controlar y aprovechar los recursos.
La geografía económica surgió como campo diferenciado entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la expansión industrial, el comercio mundial y las redes ferroviarias y marítimas hicieron necesario estudiar la localización de las actividades productivas. Sus primeras formulaciones estuvieron influidas por la geografía regional, la economía clásica y las teorías de localización, y buscaban explicar por qué determinadas industrias, cultivos, ciudades y rutas comerciales se concentraban en ciertos territorios.
Entre sus principales precursores se encuentra Johann Heinrich von Thünen, quien en 1826 formuló uno de los primeros modelos sobre localización agrícola (distancia al mercado y renta de la tierra). Como disciplina académica fue sistematizada por George G. Chisholm, autor en 1889 del primer manual de geografía económica en lengua inglesa, y por J. Russell Smith, que publicó en 1913 el primer texto universitario estadounidense de la especialidad. Posteriormente, Alfred Weber, Walter Christaller y August Lösch desarrollaron las teorías clásicas sobre localización industrial, ciudades, mercados y organización espacial de la economía.
En 1991, Paul Krugman la reformuló en su «nueva geografía económica» y mostró que los rendimientos crecientes y los costos de transporte bastan por sí solos para producir concentración industrial3.
El diagnóstico del que parte la columna es que esta tradición quedó al margen del análisis corriente y organiza el artículo sobre dos categorías. Para De Pablo existen localizaciones naturales, presentes en el territorio, y localizaciones «fabricadas», gobernadas sobre todo por los costos de transporte y que funcionan como una barrera al comercio tan real como los aranceles. El ejemplo más elocuente es que la Revolución Industrial no ocurrió en toda Inglaterra sino en algunas comarcas del norte, porque el precio de mover carbón obligaba a levantar las fábricas junto a las minas4.
Ese es el terreno que la columna recupera y que el análisis económico suele pasar por alto. Nuestra lectura parte de allí y se desplaza un paso más.
El mapa no es el territorio
Los países no son puntos abstractos y las actividades económicas no se distribuyen uniformemente en el espacio. Los recursos naturales se encuentran en lugares determinados y las distancias elevan o reducen costos. Los ferrocarriles, los puertos y las rutas modifican la competitividad, y una misma transformación tecnológica puede beneficiar a una región mientras condena a otra al estancamiento.
De Pablo recuerda que el abaratamiento de los fletes internacionales, la invención del buque frigorífico y las inversiones ferroviarias favorecieron durante las últimas décadas del siglo XIX a las provincias del litoral argentino, mientras comprometían las producciones artesanales del interior. También señala que el actual desarrollo minero y energético está generando oportunidades muy diferentes en las provincias cordilleranas y patagónicas respecto de las que existen en el conurbano bonaerense5.
Hasta allí el diagnóstico es acertado, porque la economía ocupa espacio y cada transformación productiva reorganiza el territorio. El problema comienza cuando se intenta determinar quién, cómo y bajo qué premisas debe conducir esa reorganización.
La localización de una mina está determinada por la geología. La localización de una fábrica, un puerto, un centro tecnológico o una planta de procesamiento admite, en cambio, un margen mucho mayor de decisión.
Pero ese margen no depende solamente de los costos de transporte. Una planta se instala donde hay energía disponible, vías férreas y rutas en condiciones, puertos habilitados y financiamiento accesible. Cuenta igual la existencia de trabajadores formados, de proveedores locales y de universidades o centros científicos capaces de acompañar el proceso. El régimen impositivo, las regulaciones ambientales, la política de compras públicas y las condiciones de acceso a los mercados externos terminan de inclinar la balanza.
En suma, una parte de la localización es natural, en consecuencia, y otra parte es fabricada. La distinción resulta fundamental, porque la geografía fabricada no surge espontáneamente, sino que decanta de decisiones acumuladas durante décadas.
La diferencia entre rentabilidad y poder nacional
Hacia el final de la conversación imaginada, De Pablo va «por la negativa». Determinar quién debe cerrar, quién crecer y quién transformarse no puede ser tarea de los funcionarios, sostiene, sino de los propios emprendedores, dentro de un marco estable de reglas generales6.
La prevención frente a la arbitrariedad burocrática es razonable. Ninguna autoridad estatal debe intervenir mediante decisiones discrecionales que favorezcan estructuras productivas sin relevancia estratégica o reemplacen la evaluación económica y geopolítica integral que debe guiar cada actividad en función de los objetivos de soberanía y desarrollo del país. Sin embargo,suponer que el diseño y rediseño de políticas estratégicas puede quedar librado al libre albedrío de la iniciativa emprendedora es, en nuestra opinión un grave error.
La agregación de decisiones privadas, orientadas por rentabilidad individual y horizontes de corto o mediano plazo, no produce por sí misma una arquitectura nacional coherente, ni garantiza la construcción de capacidades críticas, ni asegura la integración territorial. El mercado asigna recursos dentro de un marco dado, pero no define ese marco ni establece los objetivos colectivos de largo plazo. Es precisamente el Estado el que debe orientar de manera estratégica el conjunto de los factores hacia la consecución de los intereses nacionales, corrigiendo tanto los excesos de la discrecionalidad burocrática como las limitaciones inherentes a la lógica fragmentaria de las decisiones privadas.
La configuración territorial del país no debería quedar librada exclusivamente a las decisiones privadas. Una empresa selecciona una localización de acuerdo con su rentabilidad esperada, mientras que el Estado nacional debe evaluar otras variables. Le corresponde preguntarse qué parte de la renta permanece en el país, quién controla la infraestructura, qué dependencia tecnológica se genera y qué proveedores nacionales llegan a desarrollarse. Tiene que sopesar además qué regiones quedan integradas, cual será el impacto ambiental, de que manera se afectara la salud de la población actual y futura, qué corredores logísticos se consolidaran, qué vulnerabilidades externas aparecen y cuánta capacidad de decisión conservará la Argentina en el futuro.
La localización más rentable para una compañía no siempre es la más conveniente para el país. Una empresa minera puede preferir exportar concentrados sin procesar, importar sus equipos, utilizar proveedores extranjeros y transportar la producción por el corredor más barato. Desde su balance la decisión resulta impecable. Desde la perspectiva argentina, el resultado puede ser una economía de factoría extractivista, con exportaciones crecientes, escasos encadenamientos industriales y una infraestructura diseñada para sacar recursos del territorio sin beneficio estratégico alguno.
Minería: crecimiento territorial o archipiélago extractivo
La expansión minera confirma la importancia del planteo territorial. Durante 2025, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron aproximadamente US$ 6.037 millones7. El 98,4% se originó en apenas cinco provincias: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca8. Además, el oro, el litio y la plata concentraron más del 95% del valor exportado por el sector.
Esta concentración no constituye por sí misma un problema. Los minerales se encuentran donde la naturaleza los ha depositado y no donde resulta políticamente conveniente, como recuerda la columna. La cuestión estratégica es otra, y consiste en determinar qué estructura territorial se construirá alrededor de esos recursos.
La Argentina puede limitarse a un conjunto de enclaves conectados directamente con los mercados internacionales, o desarrollar proveedores nacionales, formar capacidades metalúrgicas y químicas e instalar laboratorios en las zonas de producción. El horizonte más ambicioso incluye poblar áreas fronterizas, fortalecer ciudades intermedias y vincular las regiones productoras con puertos argentinos.
Nada de esto supone trasladar artificialmente una mina ni instalar fábricas de manera irracional en cualquier lugar. El propósito es impedir que la localización natural del recurso determine automáticamente una estructura de dependencia. El propósito final es evitar el fatalismo de la subordinación.
El antecedente ferroviario
El ejemplo histórico que ofrece la columna es especialmente revelador. La expansión ferroviaria del siglo XIX y la reducción de los costos marítimos impulsaron la producción pampeana y litoraleña, pero también perjudicaron actividades del interior. De Pablo lo describe como una destrucción creativa schumpeteriana desplazada del plano sectorial al geográfico9.
Desde una mirada económica convencional, aquello puede interpretarse como una reasignación eficiente de recursos. Desde una perspectiva del interés argentino, el proceso produjo algo más profundo, que condicionó la configuración territorial, demográfica, social, política, económica y productiva argentina alrededor de corredores convergentes hacia el puerto de Buenos Aires y hacia una economía exportadora controlada, financiada y transportada por capitales británicos.
El sistema podía ser eficiente para exportar cereales y carnes, aunque no para integrar el territorio, diversificar la industria o garantizar autonomía logística. Esa diferencia continúa siendo decisiva. Una red de transporte puede reducir costos y, al mismo tiempo, profundizar la subordinación territorial al aumentar las exportaciones mientras debilita el mercado interno. La eficiencia de un corredor, en suma, solo puede evaluarse en función del objetivo al que sirve.
Federalismo de los recursos y unidad de la estrategia
La Constitución Nacional de 1994 establece que las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios10, con el inconveniente de trasladar a jurisdicciones subnacionales —en muchos casos capturadas políticamente por determinados grupos de presión económicos— decisiones estratégicas que desarticulan el diseño de políticas de desarrollo integral. Cabe agregar que, en virtud de la misma reforma de 1994, la Nación mantiene facultades sobre el comercio exterior e interprovincial, la navegación de los ríos interiores, la habilitación de puertos, la construcción de ferrocarriles y la promoción de nuevas industrias11, de modo que no existe una contradicción absoluta entre federalismo e integración territorial y económica del país.
Las provincias deben participar de los beneficios de los recursos que poseen, preservar su ambiente y decidir sobre su desarrollo. Pero la infraestructura, la inserción internacional, la política industrial, el sistema energético y los corredores logísticos requieren coordinación nacional.
El dominio provincial del recurso no puede significar la fragmentación de la política exterior económica argentina. Frente a actores que operan globalmente, una respuesta fragmentada reduce el poder de negociación del país. Mal entendido, el federalismo termina en una competencia entre provincias por ofrecer condiciones más favorables al mismo capital; bien entendido, articula los intereses provinciales dentro de una estrategia nacional común.
El mandato constitucional de equilibrar el territorio
La discusión tampoco puede reducirse a una preferencia ideológica entre mercado y Estado. La Constitución encomienda al Congreso promover la industria, construir ferrocarriles y canales navegables, impulsar el desarrollo científico y tecnológico y fomentar el «crecimiento armónico de la Nación» y el poblamiento de su territorio. También ordena adoptar políticas diferenciadas destinadas a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones12. El equilibrio territorial constituye así un mandato estratégico y constitucional, y no una mera aspiración política.
Esto no significa repartir mecánicamente los ingresos mineros entre todas las provincias ni subsidiar indefinidamente actividades sin viabilidad. Lo que exige es destinar una parte de la renta extraordinaria y de la capacidad regulatoria del Estado a construir bienes públicos nacionales: corredores ferroviarios, infraestructura energética, conectividad digital, puertos marítimos y fluviales, formación técnica, investigación científica, defensa de fronteras, ciudades logísticas y redes industriales de proveedores. El objetivo no es igualar artificialmente todas las regiones, sino evitar que la especialización productiva erosione y finalmente fracture la unidad del territorio argentino.
Qué industria y dónde
La respuesta a la cuestión sobre qué industria y dónde no puede ser «cualquier industria en cualquier lugar», ni tampoco «únicamente aquellas actividades que el mercado internacional decida financiar».
La localización industrial debe surgir del cruce de cuatro racionalidades que rara vez coinciden. La primera es la económica y se mide en costos, escalas, energía, transporte y acceso a mercados. A ella se superpone una racionalidad tecnológica, que pregunta si el país está en condiciones de dominar procesos, formar trabajadores y construir proveedores propios. Una tercera, de orden territorial, evalúa cuánto integra regiones, cuánto fortalece ciudades intermedias y cuánto aprovecha infraestructuras ya existentes. Y por encima de todas opera una racionalidad geopolítica, atenta al control de los recursos, la seguridad de abastecimiento, la autonomía logística y la preservación de capacidades críticas.
Una industria puede no ser la alternativa de máxima rentabilidad inmediata y, sin embargo, resultar necesaria para asegurar insumos esenciales, sostener una cadena tecnológica o impedir una dependencia externa peligrosa. Nada de esto exige que el Estado administre cada fábrica. Sí exige que determine qué capacidades industriales son estratégicas, qué infraestructuras necesita el país y qué dependencias no está dispuesto a aceptar.
De la geografía económica a la geopolítica
La geografía económica describe solamente una parte del problema. La geopolítica agrega los interrogantes que aquella deja fuera: quién controla la producción y quién financia la infraestructura, quién administra los puertos y quién domina la tecnología, quién fija las rutas de exportación y dónde se acumula finalmente la renta. Todos convergen en una sola cuestión, la capacidad de decisión que conserva la Nación a través del Estado.
El mercado puede descubrir oportunidades productivas, pero no puede definir por sí solo los objetivos histórico-territoriales de la Nación. La Argentina necesita empresas rentables y reglas previsibles, y necesita también puertos propios, ferrocarriles integradores, proveedores nacionales, ciencia aplicada, control de infraestructura crítica y una distribución territorial que permita ocupar, comunicar y defender efectivamente su espacio.
De Pablo, o la economista que hace hablar, abre una puerta correcta al recordar que la economía tiene geografía. El paso siguiente consiste en comprender que toda geografía económica es también una arquitectura de poder, y que un país que no diseña su territorio termina siendo un elemento subsidiario dentro del diseño de otros.