La Argentina tiene un problema más grave que la ocupación británica de las Islas Malvinas. Tiene un problema de poder.

El Reino Unido ocupa territorio argentino, mantiene allí una estructura militar permanente, explota recursos naturales, desarrolla hidrocarburos, controla pesquerías, proyecta capacidades hacia la Antártida, consolida comunicaciones con Sudamérica y procura incorporar progresivamente a las islas a circuitos económicos internacionales. Nada de esto ocurre en aislamiento.

Para sostener una posición situada a miles de kilómetros de Londres, Gran Bretaña necesita una red. Necesita aeropuertos, puertos, transporte, combustible, información, servicios financieros, empresas, proveedores, relaciones diplomáticas y países regionales dispuestos a reducir el costo logístico, económico y político de su presencia. Esa red existe.

Y buena parte de ella se encuentra en Sudamérica.

Chile mantiene la conexión aérea regular con Mount Pleasant. Uruguay integra el circuito marítimo que abastece las islas. Londres define públicamente a Chile como socio estratégico en defensa, seguridad, observación espacial, minerales críticos y cooperación antártica. Uruguay acaba de profundizar su cooperación económica e institucional con el Reino Unido. Brasil, mientras continúa respaldando formalmente los derechos argentinos sobre Malvinas, firmó en marzo de 2026 una asociación estratégica con Londres que comprende cooperación militar, ejercicios conjuntos, tecnología de defensa, intercambio marítimo, cooperación espacial y desarrollo doctrinario.

Desde la óptica del puro interés nacional argentino no existe obligación alguna de encontrar explicaciones benévolas para estas conductas. Existe, en cambio, la obligación de determinar qué efectos producen.

Y el efecto acumulativo es inequívoco. Disminuyen el aislamiento geográfico británico, incrementan su inserción regional y reducen los costos necesarios para sostener una posición territorial contraria a los intereses permanentes de la Argentina. Eso debe tener un nombre.

Cuando una conducta estatal, empresarial o logística regional contribuye materialmente a consolidar la ocupación, la explotación económica o la capacidad militar británica en los territorios disputados, desde una doctrina argentina puede ser definida como colaboración con el dispositivo británico del Atlántico Sur.

No importa que simultáneamente ese mismo Estado firme una declaración favorable a Buenos Aires.

En geopolítica interesa menos lo que un país declara que aquello que permite.

Malvinas es el centro, pero el sistema es mucho mayor

El primer error argentino consiste en reducir el problema a las islas. El sistema del Atlántico Sur comprende, como mínimo:

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; los espacios marítimos circundantes; la plataforma continental; los recursos pesqueros; los hidrocarburos offshore; el dispositivo militar de Mount Pleasant; las rutas aéreas y marítimas; Tierra del Fuego; Ushuaia; Punta Arenas; el estrecho de Magallanes; el pasaje de Drake; la península Antártica; los reclamos antárticos superpuestos; Ascensión; los puertos brasileños y uruguayos; las conexiones comerciales sudamericanas; la marina mercante; la industria naval; los sistemas satelitales; los cables submarinos; la investigación oceanográfica; la presencia militar; la diplomacia regional y la capacidad económica necesaria para sostener todo lo anterior.

Ese es el sistema. El Reino Unido integra a sus fuerzas del Atlántico Sur dentro de una red global de bases y capacidades. Su lógica es sistémica: territorio, defensa, diplomacia, infraestructura, economía y alianzas funcionan de manera complementaria.

La Argentina responde con organismos separados, presupuestos separados, políticas separadas y gobiernos que incluso adoptan estrategias contradictorias entre sí. Ese desequilibrio intelectual precede al desequilibrio material.

Chile: colaboración material con el dispositivo austral británico

El caso chileno requiere particularmente abandonar la ingenuidad.

Punta Arenas constituye una de las piezas continentales más útiles para la posición británica. No como abstracción, materialmente.

La propia autoridad aeronáutica de las islas informa que LATAM mantiene un vuelo regular todos los sábados entre Chile y Mount Pleasant. Documentación marítima de 2026 agrega que esa conexión permite enlazar Punta Arenas y Santiago con el resto del mundo.

Un documento ambiental elaborado para actividades hidrocarburíferas en las islas describe además servicios de transporte de contenedores que conectan Montevideo y Punta Arenas con Malvinas.

No estamos hablando de simpatías diplomáticas. Estamos hablando de infraestructura logística continental. Cada vuelo desde Punta Arenas reduce el aislamiento de Mount Pleasant. Cada conexión marítima reduce el costo de abastecimiento. Cada servicio prestado desde territorio continental amplía la sustentabilidad económica de la ocupación.

El cuadro se vuelve todavía más grave cuando esa logística se combina con cooperación estratégica.

En mayo de 2026 el propio Gobierno británico calificó oficialmente a Chile como un «socio estratégico» en defensa y seguridad, observación espacial, minerales críticos y cooperación antártica. Una delegación del Royal College of Defence Studies recorrió el Instituto Antártico Chileno y el rompehielos Almirante Viel, unidad específicamente destinada a operaciones logísticas, científicas y de soberanía en la Antártida.

Desde Londres esto es política estratégica coherente. Desde Santiago también.

La anomalía está en Buenos Aires. Argentina mantiene con Chile una extraordinaria densidad de relaciones económicas, energéticas, territoriales y militares y, sin embargo, aparentemente ha aceptado que esas relaciones no produzcan ninguna restricción significativa sobre la cooperación chilena con la potencia que ocupa territorio argentino.

Ese es el fracaso. No se trata de exigir amistad. Se trata de hacer valer poder relativo. Chile tiene perfecto derecho a perseguir su interés nacional. Argentina tiene exactamente el mismo derecho.

Lo incomprensible es que Santiago consiga simultáneamente los beneficios de la integración con Argentina y los beneficios de su cooperación estratégica con Gran Bretaña sin que exista prácticamente ningún costo de incompatibilidad.

Uruguay: la retaguardia continental silenciosa

Uruguay plantea un problema igualmente serio aunque de naturaleza diferente.

Montevideo ocupa una posición geográfica extraordinariamente útil para el abastecimiento del Atlántico Sur.

La documentación oficial de las islas de 2026 reconoce expresamente un servicio marítimo programado entre Uruguay y Malvinas, con escalas periódicas en Chile.

Más revelador todavía es que la propia administración isleña mantiene un funcionario destinado dentro de la Embajada británica en Montevideo para desarrollar relaciones de las islas desde Uruguay.

No es una relación accidental.

La Estrategia de Desarrollo Económico de las islas 2026-2040 considera explícitamente una oportunidad continuar desarrollando sus vínculos con Uruguay y Chile y ampliar posteriormente sus relaciones comerciales internacionales.

Londres entiende perfectamente para qué sirve Uruguay.

La pregunta pertinente es si Buenos Aires lo entiende con la misma claridad.

En mayo de 2026 Uruguay y Reino Unido firmaron además un Memorando de Entendimiento destinado a estructurar y profundizar la cooperación estratégica económica e institucional bilateral.

Uruguay, mientras tanto, continúa firmando declaraciones de respaldo a los derechos argentinos. Desde una perspectiva argentina esto ya no debería ser considerado suficiente. Porque existe una diferencia fundamental entre solidaridad declarativa y comportamiento estratégico.

Un Estado puede votar durante décadas una declaración favorable a la Argentina y simultáneamente permitir desde su territorio actividades que disminuyen el costo logístico de la presencia británica.

Brasil: apoyo diplomático y penetración estratégica británica

Brasil constituye un caso distinto porque su importancia excede ampliamente la cuestión logística.

Es la principal potencia sudamericana. Precisamente por ello la asociación estratégica Reino Unido-Brasil 2026-2030 merece una consideración mucho más severa de la que ha recibido en Buenos Aires.

El documento firmado el 26 de marzo de 2026 prevé profundizar la cooperación militar británico-brasileña mediante transferencia tecnológica, colaboración industrial, entrenamiento, ejercicios conjuntos, cooperación espacial, investigación en defensa, intercambio de información marítima y desarrollo de doctrina militar.

Brasil continúa apoyando diplomáticamente los derechos argentinos. Pero nuevamente aparece el problema de fondo.

¿Para qué sirve un respaldo diplomático si simultáneamente la principal potencia regional profundiza su interoperabilidad estratégica con la potencia militar extrarregional instalada en territorio argentino?

No corresponde afirmar que Brasil colabora directamente con Mount Pleasant.

Sí corresponde advertir que la creciente penetración británica en los sistemas de defensa, tecnología, información marítima y formación doctrinaria brasileños constituye una variable estratégica que la Argentina no puede considerar neutral.

Sobre todo porque Brasil es indispensable para cualquier arquitectura de poder sudamericana en el Atlántico.

Sin Brasil, Argentina enfrenta al Reino Unido como potencia media debilitada.

Con Brasil integrado a una estrategia sudamericana autónoma, Londres debe operar frente a una masa continental, económica, tecnológica y militar incomparablemente mayor. Gran Bretaña lo sabe. Por eso su penetración bilateral en Brasil constituye un éxito estratégico británico.

Que Argentina no haya establecido líneas rojas claras sobre esa cooperación constituye un fracaso.

La gran regresión: de cerrar puertos a redactar comunicados

Existe un dato que permite medir la magnitud del retroceso regional.

En diciembre de 2011 los Estados del MERCOSUR y asociados acordaron impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolaran la bandera ilegal de las Islas Malvinas. También existía el compromiso regional de informar a la Argentina sobre embarcaciones destinadas a actividades hidrocarburíferas o mineras vinculadas con los territorios disputados. Aquello era política, de la que se podía discutirse su alcance, pero poseía una virtud fundamental: producía consecuencias materiales.

Tan eficaz fue la medida que el entonces canciller británico William Hague debió reconocer públicamente que los barcos con bandera de las islas no podrían ingresar a los puertos del Mercosur y países asociados.

Comparemos eso con junio de 2026. La declaración más reciente del MERCOSUR reafirma los derechos argentinos, critica las medidas unilaterales británicas, reconoce el derecho argentino a iniciar acciones legales y solicita nuevamente los buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas.

Pero ya no establece en ese texto nuevas obligaciones operativas equivalentes: no crea un sistema regional de sanciones, no impide servicios logísticos, no establece exclusiones financieras, no crea trazabilidad empresarial ni determina consecuencias para quienes participen en Sea Lion.

Ésa es la medida del retroceso. En 2011 la región discutía qué barcos podían entrar en sus puertos. En 2026 vuelve a discutir declaraciones.

Mientras tanto, Sea Lion avanza. Ésa es una derrota política argentina.

El desarme regional

Durante determinados períodos Sudamérica llegó a disponer de instrumentos que, desarrollados correctamente, podían haber comenzado a producir autonomía estratégica.

UNASUR creó un Consejo de Defensa Suramericano. Existió un Centro de Estudios Estratégicos de Defensa. Se construyeron mecanismos de consulta, registro de gastos militares, confianza mutua, cooperación industrial y discusión estratégica sin participación directa de potencias extrarregionales.

La propia documentación oficial argentina reconoció posteriormente que la paralización de UNASUR y del Consejo de Defensa Sudamericano dejó vacantes espacios de cooperación, diálogo y coordinación considerados indispensables.

Argentina participó de su destrucción. En 2019 decidió retirarse de UNASUR. En 2023 volvió a ingresar. Esa oscilación resume el problema argentino. La política regional dejó de ser una política nacional y pasó a depender de la identificación ideológica de cada gobierno. Un gobierno desmonta lo que construyó el anterior.

El siguiente intenta reconstruirlo, el resultado final es que ninguna arquitectura estratégica madura.

Mientras Sudamérica desarticulaba sus mecanismos autónomos de defensa, las potencias extrarregionales continuaban celebrando acuerdos bilaterales con cada Estado por separado, con resultado perfectamente previsible: la fragmentación.

Hoy el Consejo de Defensa Sudamericano no constituye el centro de coordinación estratégica regional que pudo haber sido, mientras Gran Bretaña puede desarrollar por separado cooperación militar con Brasil, cooperación antártica con Chile y relaciones económicas con Uruguay.

Es difícil imaginar una configuración más favorable para Londres.

ZOPACAS: un instrumento desperdiciado

La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur debería constituir otro instrumento central.

Reúne a 24 Estados sudamericanos y africanos del espacio atlántico austral.

En abril de 2026 adoptó en Río de Janeiro una nueva estrategia que incluye cooperación marítima, pesca, observación oceánica, infraestructura logística y conectividad. Pero el propio documento establece expresamente que se trata de un instrumento no vinculante, que no genera obligaciones jurídicas.

Ése es precisamente el problema.

Argentina debería impulsar la transformación gradual de ZOPACAS desde foro diplomático hacia instrumento efectivo de seguridad cooperativa austral.

  • Vigilancia marítima.
  • Intercambio de inteligencia pesquera.
  • Protección de infraestructura submarina.
  • Coordinación frente a bases militares extrarregionales.
  • Ejercicios de búsqueda y rescate.
  • Investigación oceanográfica.
  • Política portuaria.
  • Industria naval.
  • Control sobre operaciones logísticas vinculadas con explotaciones cuestionadas.

Sin instrumentos concretos, la proclamación del Atlántico Sur como «zona de paz» puede convivir indefinidamente con una base británica extraordinariamente poderosa en Mount Pleasant.

Una contradicción que debería resultar intolerable para una política argentina de Estado.

La responsabilidad sigue estando en Buenos Aires

En 2016, mediante el comunicado Foradori-Duncan, el Gobierno argentino acordó adoptar medidas destinadas a remover obstáculos que limitaban el crecimiento económico y desarrollo sustentable de las islas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.

Una década después Argentina debe intentar sancionar a quienes avanzan con Sea Lion. La contradicción no pertenece a Londres. Pertenece a Buenos Aires.

El problema estratégico argentino no es simplemente la existencia de políticas equivocadas. Es la imposibilidad histórica de garantizar continuidad estratégica en el núcleo del estado argentino.

Un país que reclama el océano pero pierde su marina mercante

La debilidad tampoco es exclusivamente diplomática. El propio Estado argentino reconoció en 2025 que desde 1991 la Marina Mercante Nacional perdió más del 80% de su pabellón y llegó a advertir sobre el peligro de su extinción.

La contradicción es brutal. Argentina posee una de las mayores extensiones marítimas del hemisferio. Reclama soberanía sobre Malvinas, Georgias, Sandwich, espacios marítimos y sector antártico. Pero no desarrolló una marina mercante proporcionada a esa geografía. No posee todavía la industria naval suficiente. No dispone de una infraestructura portuaria austral acorde con su posición. Su poder naval militar se deterioró durante décadas. Su flota pesquera y su capacidad de investigación enfrentan limitaciones permanentes.

Y buena parte del debate político nacional continúa desarrollándose como si la Argentina fuese fundamentalmente un territorio continental limitado al mapa situado al norte de Tierra del Fuego.

Premios y castigos: lo que una política nacional debería haber construido hace años

Un sistema de alianzas funciona cuando colaborar produce beneficios y actuar contra los intereses fundamentales del aliado produce costos.

Argentina prácticamente eliminó esa segunda parte de la ecuación.

Hay premios. Hay mercado argentino. Hay energía argentina. Hay infraestructura argentina. Hay acceso preferencial. Hay gas. Hay electricidad. Hay tránsito. Hay cooperación científica. Hay coordinación militar. Hay turismo. Hay integración universitaria. Hay financiamiento.

Pero cuando un actor utiliza esos beneficios y simultáneamente contribuye materialmente a la consolidación de la posición británica, no existe una respuesta argentina automática, previsible y proporcional. Ése un error que pagaremos caro.

La región aprendió que Argentina no cobra

Ésta puede ser la conclusión más incómoda.

Chile no está arriesgando su relación con Argentina porque Buenos Aires nunca le demostró que estuviera en riesgo. Uruguay tampoco. Cada Estado regional ha aprendido que puede respaldar Malvinas en un comunicado; profundizar relaciones con Londres; obtener beneficios de Argentina; mantener cooperación regional; y evitar cualquier costo serio. El resultado es perfectamente racional.

Si colaborar con el dispositivo británico cuesta cero, la colaboración continuará.

La doctrina necesaria

El principio debería resultar comprensible para cualquier Estado de la región:

Argentina no exige enemistad con Gran Bretaña. Exige que ninguna relación con Gran Bretaña se construya a costa de intereses territoriales, marítimos, económicos o estratégicos argentinos.

Quien respete ese principio encontrará en Argentina mercado, energía, infraestructura, cooperación y asociación.

Quien contribuya directamente a consolidar la ocupación británica deberá saber que esa conducta tendrá consecuencias proporcionadas. No se trata de beligerancia. Se trata precisamente de terminar con la anomalía de pretender que la colaboración con la ocupación británica no tenga costos y que la única parte obligada permanentemente a moderarse sea la Argentina.