La Argentina debe impedir que la defensa de sus intereses australes quede sometida a la aprobación política de Santiago. El respeto de los compromisos internacionales y la construcción de poder nacional forman parte de una misma responsabilidad. Un país que necesita desarrollar su litoral, asegurar sus comunicaciones y sostener su presencia antártica debe poder hacerlo sin que cada iniciativa se convierta en una sospecha de expansionismo.
Qué documentan los hechos
La nota de Víctor García publicada en LA NACION describe una controversia que pasó de las declaraciones argentinas sobre Magallanes a las exigencias de firmeza de seis antiguos jefes de la Armada chilena, en una carta del 2 de septiembre, a los reclamos presupuestarios de seis exministros de Defensa, cuatro días después, y a la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, aprobada por 57 votos contra 49 y fijada para el 28 de septiembre. Conviene precisar el alcance de estos hechos: documentan presión política y demandas de inversión militar; por sí mismos no demuestran una decisión gubernamental de preparar una guerra.
La dimensión pública del problema es considerable. En su publicación del 6 de septiembre, Cadem informó que el 40% de los encuestados consideraba a la Argentina un enemigo de Chile, frente a un 36% que la veía como aliada. Un 71% le atribuía pretensiones territoriales sobre el estrecho. Son respuestas a un sondeo en una coyuntura determinada, sin equivalencia automática con una disposición al enfrentamiento. Aun así, muestran un terreno favorable para que la confrontación con Buenos Aires otorgue beneficios políticos internos.
Desde el interés argentino, el riesgo consiste en que esa percepción termine funcionando como una restricción sobre nuestras decisiones. Si la recuperación militar, el desarrollo portuario o la proyección antártica pasan a interpretarse sistemáticamente como actos hostiles, cualquier fortalecimiento nacional deberá justificarse ante el vecino. La diplomacia argentina tiene que rechazar esa pretensión de tutela y explicar con precisión qué derechos ejerce, qué capacidades necesita y qué compromisos cumple.
Esa precisión también obliga a exigir responsabilidad a nuestros funcionarios. Las referencias del general Gustavo Valverde a la soberanía austral y la posterior rectificación de Patricia Bullrich sobre Magallanes ofrecieron argumentos a los sectores chilenos más confrontativos. La improvisación verbal tiene costos exteriores que terminan pagando los intereses permanentes del país.
La Cancillería fijó el 25 de agosto una posición inequívoca al reconocer como definitivos los tratados de 1881 y 1984, junto con la relevancia estratégica del Atlántico Sur y la Antártida. Esa posición debe ordenar la comunicación de todo el Gobierno. La afinidad entre Javier Milei y José Antonio Kast carece de valor como garantía de seguridad: los intereses estatales perduran y pueden divergir aunque los presidentes compartan preferencias políticas.
Lo que fija el tratado de 1984
El Tratado de Paz y Amistad brinda una base concreta. Su artículo 10 fija el límite en el término oriental del estrecho mediante la línea entre los hitos de Punta Dungeness y Cabo del Espíritu Santo. Establece soberanía argentina al este y chilena al oeste, preserva la neutralización y libre navegación del estrecho y obliga a la Argentina a garantizar el tránsito hacia él y desde él por sus aguas jurisdiccionales. Su artículo 2 compromete a ambos Estados a abstenerse de amenazas y resolver pacíficamente sus controversias. Es un régimen de derechos y obligaciones recíprocos.
La consecuencia estratégica es clara. Chile ejerce soberanía sobre el estrecho conforme a ese régimen; la Argentina conserva sus derechos y sus intereses en las comunicaciones australes. Santiago carece de fundamento para convertir su jurisdicción sobre una vía determinada en autoridad política sobre todo el sistema que conecta Patagonia, Tierra del Fuego, Atlántico Sur y Antártida. Buenos Aires debe hacer valer sus atribuciones con la misma continuidad con que reconoce sus obligaciones.
El decreto 457 y los antecedentes que faltan en el debate
También corresponde examinar el decreto 457/2021 por su contenido efectivo. Su directiva de defensa situó la referencia a la exploración, estudio y «control conjunto» de Magallanes y el mar de Hoces dentro de una agenda de cooperación con Chile. Esa redacción requería una delimitación precisa de actividades, jurisdicciones y acuerdos necesarios. Presentarla como prueba suficiente de un proyecto de conquista desfigura su contexto. Cualquier revisión argentina debe corregir ambigüedades y preservar los objetivos nacionales de presencia, conocimiento y capacidad de actuación en el sur.
Hay, además, antecedentes que la Argentina debe introducir en el debate. En agosto de 2021, nuestra Cancillería rechazó una medida chilena que proyectaba su plataforma continental al este del meridiano 67°16′. Sostuvo que afectaba derechos argentinos y contradecía el tratado de 1984. Esa objeción oficial impide aceptar sin examen el relato de un Chile que únicamente reacciona frente a avances ajenos. Existe una posición argentina documentada sobre una iniciativa chilena que Buenos Aires consideró expansiva.
Defender esa posición exige argumentos técnicamente sólidos. Las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental se refieren al límite exterior y no resuelven por sí mismas la delimitación entre Estados. Los derechos sobre el lecho y el subsuelo tampoco equivalen a soberanía sobre toda la columna de agua. La Argentina fortalece su defensa cuando presenta correctamente sus títulos, sus reservas y sus fundamentos científicos.
La misma exigencia rige para nuestra proyección hacia ambos océanos. El acceso a rutas interoceánicas, la navegación y la capacidad logística constituyen intereses legítimos argentinos. En la Antártida, el artículo IV del tratado preserva las posiciones sobre soberanía e impide que las actividades realizadas durante su vigencia creen nuevos derechos territoriales. Por eso, la presencia científica y logística debe fortalecer nuestra capacidad de participar e influir dentro de ese régimen, con pleno conocimiento de sus reglas.
Malvinas en la ecuación
Malvinas debe ocupar un lugar central en esta evaluación. Resulta revelador que el senador Iván Moreira vincule, en la nota de LA NACION, el apoyo chileno al reclamo argentino con la exigencia de derogar el decreto 457. Ese vínculo introduce una expectativa de contraprestación que Buenos Aires debe examinar con especial cuidado.
El respaldo a nuestros derechos sobre las islas debe valorarse por su coherencia con las conductas concretas. La Argentina necesita evaluar qué decisiones regionales contribuyen a su posición y cuáles facilitan la consolidación británica. Los acuerdos comerciales, las facilidades logísticas y la cooperación estratégica deben juzgarse también por sus consecuencias sobre Malvinas. Una declaración favorable pierde eficacia cuando convive con prácticas que refuerzan los intereses de la potencia ocupante.
Esto exige una política de reciprocidad. Los nuevos beneficios discrecionales que otorgue Buenos Aires deben corresponderse con aportes verificables a sus objetivos nacionales. Cuando aparezcan conductas perjudiciales, corresponde plantear sus consecuencias y revisar las condiciones de cooperación dentro de los compromisos vigentes. El Estado argentino tiene que dejar de tratar cada concesión como una inversión cuyo rendimiento puede quedar indefinidamente pendiente.
La respuesta material
Empieza por una capacidad de defensa sostenible. La compra de 24 F-16 a Dinamarca, formalizada en abril de 2024, constituye una decisión relevante. Su utilidad dependerá del entrenamiento, el mantenimiento, los repuestos, el armamento disponible y su integración con los demás medios. La autonomía operativa requiere financiar todo ese conjunto durante años. Las ceremonias de adquisición y las cifras de inventario ofrecen una imagen incompleta del poder militar.
En el espacio austral, esa política debe incluir vigilancia marítima y aérea, medios navales adecuados, comunicaciones resistentes, transporte y capacidad de sostener operaciones. También necesita astilleros, industria tecnológica, investigación hidrográfica y personal especializado. Cada decisión de compra debe evaluarse por su contribución a misiones argentinas y por las dependencias que genera respecto de proveedores extranjeros.
El desarrollo territorial tiene una importancia equivalente. La Patagonia y Tierra del Fuego necesitan mejores enlaces con el resto del país, puertos capaces de captar actividad comercial y científica, servicios de reparación y abastecimiento y condiciones que permitan arraigar población y trabajo calificado. Consolidar a Ushuaia como centro logístico antártico requiere inversiones, continuidad y coordinación nacional. Una posición geográfica favorable produce poder cuando el Estado organiza los medios para aprovecharla.
La prioridad debe ser ampliar las alternativas argentinas. Una red propia de transporte marítimo, infraestructura portuaria y abastecimiento reduce la vulnerabilidad ante decisiones de terceros. La integración regional debe evaluarse según cuánto fortalece nuestra producción, nuestra conexión territorial y nuestra libertad de decisión. Cuando concentra funciones esenciales fuera del país, puede generar una dependencia que después resulte difícil y costosa de revertir.
La dirigencia argentina tiene que asumir esta discusión como una responsabilidad permanente. Corresponde a la Presidencia coordinar diplomacia, defensa, ciencia, producción e infraestructura alrededor de objetivos australes explícitos. El Congreso debe sostener su financiamiento y controlar su ejecución. Las provincias involucradas necesitan participar de una planificación nacional que supere los anuncios aislados y las urgencias presupuestarias.
La presión política chilena encuentra oportunidades en cada contradicción argentina. Cerrarlas requiere una conducción capaz de hablar con fundamento, negociar con instrumentos y sostener sus decisiones con recursos. La Argentina debe respetar lo acordado, exigir reciprocidad y desarrollar toda la capacidad que sus intereses demandan. Su presencia en el sur tiene que responder a una decisión nacional que ningún vecino pueda administrar por ella.